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Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá - República de Panamá. La implementación de la facturación electrónica se ha convertido en un tema de gran relevancia para las administraciones públicas encargadas del recaudo de impuestos y para los ciudadanos en general. Este sistema, que busca digitalizar y optimizar los procesos relacionados con la emisión de facturas, representa un avance significativo hacia una gestión más eficiente y transparente en el ámbito fiscal.

Ventajas para las Administraciones Públicas

Mayor transparencia y control fiscal: La facturación electrónica permite a las autoridades fiscales monitorear las transacciones comerciales en tiempo real, reduciendo significativamente la evasión tributaria y fortaleciendo el control del cumplimiento fiscal.

• Optimización de recursos: Al digitalizar el proceso de facturación, las administraciones reducen costos asociados al manejo de documentación física, como almacenamiento, transporte y procesamiento.

• Agilidad en la recaudación: Este sistema facilita la identificación de inconsistencias en las declaraciones tributarias, lo que mejora la eficiencia en la recaudación de impuestos y reduce los tiempos de auditoría.

Ventajas para los Ciudadanos

• Simplicidad en los procesos: La facturación electrónica automatiza el proceso de emisión de facturas, ahorrando tiempo y eliminando la necesidad de procedimientos manuales.

• Reducción de costos: Los ciudadanos y empresas pueden minimizar gastos en papel, impresión y almacenamiento de documentos.

• Acceso digital a información tributaria: Los usuarios tienen la posibilidad de consultar sus facturas de manera sencilla, lo que facilita la organización de sus obligaciones fiscales.

Desventajas y Desafíos

Para las Administraciones Públicas:

• Inversión inicial significativa: La implementación de sistemas de facturación electrónica requiere de una inversión considerable en infraestructura tecnológica, capacitación del personal y desarrollo de plataformas digitales.

• Adaptación tecnológica: La necesidad de actualizar constantemente los sistemas para garantizar la seguridad y la compatibilidad con nuevas regulaciones representa un desafío continuo.

Para los Ciudadanos:

• Brecha tecnológica: Aquellos con acceso limitado a herramientas digitales o conocimiento técnico pueden enfrentar dificultades para adaptarse al nuevo sistema.

• Riesgos de ciberseguridad: La digitalización de las facturas aumenta el riesgo de posibles filtraciones de datos, requiriendo medidas estrictas de protección de la información.

Conclusión

La facturación electrónica es una herramienta poderosa para transformar la relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos en el ámbito fiscal. Aunque presenta desafíos en su implementación, sus ventajas en términos de transparencia, eficiencia y accesibilidad superan ampliamente las dificultades. La clave para el éxito radica en la colaboración entre los sectores público y privado, así como en la promoción de la inclusión digital para garantizar que los beneficios de este sistema lleguen a todos.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá - República de Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió ayer un fallo histórico, reafirmando que los contadores, como profesionales liberales, no están obligados a pagar impuestos sobre el ejercicio de su profesión. Esta decisión se basa en la interpretación del segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

El fallo responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios gremios de contadores, quienes argumentaron que las recientes reformas fiscales que pretendían gravar los ingresos de los profesionales del área contravenían la Carta Magna del país. La Corte, en su sentencia, sostuvo que el artículo 40 de la Constitución establece una protección especial para las profesiones liberales, entre las que se incluye la contaduría, excluyéndolas de la obligación de tributar por los servicios que prestan de manera independiente, así como la obligación legal de llevar facturación electrónica para cualquier efecto de cobro.

El segundo párrafo del artículo 40 establece que "las profesiones liberales, en cuanto al ejercicio individual y personal de las mismas, no estarán sujetas al pago de impuestos o tributos." Con base en esta disposición, la Corte concluyó que cualquier intento de gravar a los contadores violaría el principio de igualdad y la libre práctica profesional consagrada en la Constitución.

El fallo ha generado una ola de reacciones en el país. Mientras los gremios de contadores celebran la decisión como una victoria para la defensa de los derechos profesionales, otros sectores han expresado su preocupación por el impacto que esta exoneración fiscal podría tener en las finanzas públicas.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que está estudiando las implicaciones del fallo y no descarta presentar una propuesta de reforma constitucional para eliminar lo que consideran un "privilegio injustificado" para los contadores. Por su parte, la Asamblea Nacional ha convocado a una serie de audiencias públicas para discutir el tema y evaluar posibles acciones legislativas.

Este fallo se convierte en un precedente clave para las demás profesiones liberales en Panamá, quienes podrían verse beneficiadas por la interpretación de la Corte, abriendo la puerta a futuras demandas y modificaciones en el régimen fiscal del país.

Lamentablemente este es el resultado de una pésima interpretación legal de parte del gobierno anterior y de las autoridades fiscales en su momento, ya que ha hecho carrera en Panamá, por desconocimiento de la jerarquía de las Leyes y existen funcionarios en el ámbito administrativo que pretenden legislar desde sus escritorios, haciendo de curso normal, decretos o resoluciones administrativas que son abiertamente contrarias a garantías constitucionales, sino recordemos el estrambótico Contrato-Ley que se firmó para la Mina de Donoso y tristemente que ninguno de las centenas de contadores que existen en las instituciones públicas panameñas, adviertan de los exabruptos que se pueden llegar a cometer, cuando la ignorancia y la estulticia son las que mandan.

Si es preciso reformar la constitución para corregir o agregar o suprimir garantías y derechos ciudadanos, por supuesto que se haga, pero bajo las reglas de juego que impone el imperio de las Leyes y por los conductos delimitados para tales fines, no es un llamamiento a desobedecer las leyes o a buscar privilegios particulares, solamente en nuestro sector, pero si un alarido para que no se hagan cosas que son incorrectas para cualquier ciudadano, incluidos los graduados en profesiones liberales.

Durante los primeros meses de la administración del Presidente Mulino, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) han reportado un notable incremento en la recaudación fiscal. Este aumento se atribuye a una combinación de estrategias efectivas de fiscalización y un enfoque renovado en la optimización de los procesos de cobro de impuestos.

Desde el inicio del mandato, el MEF y la DGI han implementado medidas que incluyen la modernización de las plataformas de pago, la mejora en la eficiencia de la auditoría fiscal, y campañas educativas dirigidas a aumentar la conciencia sobre la importancia del cumplimiento tributario. Estas acciones han resultado en un aumento significativo en los ingresos del Estado, lo que permitirá al gobierno invertir en proyectos clave para el desarrollo del país.

El presidente José Raúl Mulino ha destacado la importancia de una administración fiscal sólida como pilar fundamental para el crecimiento económico sostenible, asegurando que estos recursos se destinarán a mejorar la infraestructura, la educación, y los servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.

Este incremento en la recaudación refleja el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, estableciendo una base sólida para el cumplimiento de sus promesas de campaña y la construcción de un país más próspero.